Así las cosas, se observa de la providencia administrativa impugnada (folio 229) la amenaza del Inspector del Trabajo de declarar insolvente al empleador (hoy demandante), con lo que se haría imposible realizar los trámites administrativos para obtener las divisas necesarias para la continuación de la producción de bienes, lo cual repercutiría en la estabilidad laboral del resto de los trabajadores de la entidad laboral, organización protegida por el Estado, de conformidad con lo previsto en el Artículo 24 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores. En el mismo orden de ideas, no es evidente que la suspensión de la providencia administrativa atacada afecte intereses generales y colectivos, en especial al resto de los trabajadores de la entidad; por el contrario, la posibilidad de no afectar su normal funcionamiento implica un beneficio del colectivo laboral; tampoco se considera que lo aquí examinado prejuzgue sobre el fondo de lo controvertido. Por todo.....

Es importante observar, que los hechos alegados, no se encuentran plenamente demostrados en autos; y su estudio en vía cautelar equivale a prejuzgar sobre la decisión definitiva, no siendo evidente en autos la apariencia del buen derecho, ni el daño irreparable o de imposible reparación invocado; por lo que no se encuentran cubiertos los extremos previstos en el Artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Por lo expuesto, este Tribunal niega la medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo de efectos particulares ya identificado.

Verificada la representación de la apoderada judicial actuante y su facultad expresa para desistir; y visto que en la causa no se ha efectuado el acto de contestación, se ha constatado que se encuentran cubiertos los requisitos legales; por lo que se homologa el desistimiento manifestado por la parte actora, conforme a lo dispuesto en los artículos 263 y 265 del Código de Procedimiento Civil, por remisión supletoria del Artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así se decide.