Este Tribunal sobre la base de la anterior sentencia que tiene carácter vinculante para todos los Tribunales de la República, se declara INCOMPETENTE para conocer de la presente demanda de COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, en virtud de que la presente demanda excede de las diez mil unidades tributarias (10.000 U.T.) establecidas para conocer de las demandas contra la República, en consecuencia DECLINA LA COMPETENCIA ante la SALA POLITICO ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, con sede en Caracas. Así se decide, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley. Remítase con oficio. Désele salida. L.S. El Juez Titular (fdo.) Dr. Freddy Duque Ramírez.- La Secretaria (fdo.) Abog. Sarah Franco Castellanos.- La suscrita, Secretaria del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, certifica que la presente copia es un traslado fiel y exacto de su original y la expide por mandato judicial .....

Visto el escrito y sus respectivos anexos, que rielan a los folios 01 al 13, e interpuesto por el Abg. Jerman Escalona, en su carácter de apoderado judicial de la empresa Recuperadora de Metales Soto C.A., en donde solicita del Tribunal la entrega de materiales (tubos) propiedad de su representada y que le fuera negada por el Ministerio Publico. El Tribunal acuerda solicitar de la Fiscalia Cuarta del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, la remisión de la causa signada con el Nº 13F04-1250-05, la cual deberá constar con todos los elementos necesarios para que el Tribunal pueda emitir un pronunciamiento relacionado con la presente solicitud, como son los documentos de propiedad que avalen la titularidad sobre el bien mueble, tanto del denunciante del hurto o robo del bien, como de cualquiera otra persona natural o jurídica que pretenda algún tipo de derecho sobre el mismo bien, así como las experticias de rigor practicadas a dichos bienes. Notifíquese .....

Se dictó SENTENCIA INTERLOCUTORIA, mediante la cual se declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 04 de julio de 2007, por la ciudadana Daisy Enith Barrios de Ran, asistida por el abogado Néstor Álvarez Yépez , contra la sentencia dictada en fecha 07 de junio de 2007, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del estado Lara, en el procedimiento de inquisición de paternidad iniciado por las ciudadanas Zulay Marlene Barrios de Faviani y Daisy Enith Barrios de Ran, contra los ciudadanos Agustina García Santana de Pérez, Juan Antonio Pérez García, Pedro Pérez García, José Francisco Pérez García y María del Carmen Pérez García. Se REPUSO la causa al estado en que se encontraba para el día 17 de octubre de 2005, y se declararon NULAS todas las actuaciones posteriores. Quedó así CONFIRMADA la decisión apelada. Se condenó en COSTAS a la parte apelante, de conformidad con lo dispuesto en el art. 281 del CPC.

Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: Se declara CON LUGAR el recurso de nulidad intentado por la empresa TRAKI SAU PLUS C.A, antes identificada, en contra de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO LARA. SEGUNDO: Se declara la nulidad del acto administrativo Nº 166 de fecha 30-01-2003 dictado por la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara y en consecuencia se ordena reponer el procedimiento administrativo al estado que se aperture la articulación probatoria. TERCERO: No se condena en costas por tratarse de la Administración Pública.

Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: Se declara INADMISIBLE la Querella Funcionarial por Cobro de Diferencia de Prestaciones Sociales incoada por la ciudadana LILIAN TERESA HERNANDEZ, en contra de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas en razón del principio constitucional de igualdad de las partes ya que si la Administración Pública no puede ser condenada mal podría condenarse al particular.

Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: Se declara INADMISIBLE la Querella Funcionarial por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES interpuesta por el ciudadano RAFAEL VALERA contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO MORÁN, por haber operado la caducidad. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas en razón del principio de igualdad Constitucional, ya que si bien no puede condenarse a la Administración Pública mal podría condenarse a los particulares.

Este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en Función de Juicio Nº 4, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley: ACUERDA, el Decaimiento de la medida de coerción personal en contra del ciudadano; JAMIL MOUBAYED, antes identificado, SEGUNDO: Se ordena la sustitución de la medida de coerción personal por otra mucho menos gravosa, a favor del procesado de autos, a tenor de lo dispuesto en el articulo 256 ordinal 4º del COPP, quedando el mismo obligado a no ausentarse del territorio nacional sin la debida autorización del tribunal; TERCERO: Este deberá presentarse cada vez que sea requerido y deberá notificar al Tribunal cualquier cambio de domicilio o de residencia a fin de evitar que la presunción de fuga conlleve a orden de detención judicial en su contra. Es todo.-

CON LUGAR LA INHIBICION planteada por la Abg. Suleima Angulo Gómez, en su condición de Juez de Primera Instancia en Funciones de Control N° 12 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Extensión Carora, fundamentada en el numeral 7º del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, en la Causa Principal N° C-12-574-06.

Tribunal de juicio 3 Administrando justicia en nombre de la Republica y por Autoridad de la Ley se procede a CONDENAR a los ciudadanos Luis Alberto Forero Sánchez y Abrahan Forero Sánchez., por el delito de Porte Ilícito de Arma de Fuego, previsto y sancionado en el Art. 277 del Código Penal, a cumplir la PENA DE UN (01) AÑO Y SEIS (06) MESES DE PRISIÓN, mas las accesorias de ley, conforme al Art. 16 del Código Penal. No hay condena en costas. /ags

DECLARA CON LUGAR el Recurso de Revisión interpuesto por la Abg. Pilar Fernández de Gutiérrez, en su condición de Juez de Primera Instancia en Funciones de Ejecución Nº 03 de este Circuito Judicial Penal, y en consecuencia, se acuerda rebajar la pena impuesta a el ciudadano ÁNGEL MAXIMO ALVARADO MADRID, quién deberá cumplir la pena de UN (01) AÑO DE PRISIÓN, por la comisión del delito de Posesión de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, todo ello de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 470 en concordancia con la parte in fine del artículo 475, ambos del Código Orgánico Procesal Penal. De la misma manera deberá cumplir con las penas accesorias a la de prisión, previstas en el artículo 16 del Código Penal que le fueron impuestas en aquella oportunidad procesal.