Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por la ciudadana CARMEN MAGALIS RODRÍGUEZ de SUNIAGA, titular de la cédula de identidad N° 3.762.840, por intermedio de su apoderado judicial, abogado RONALD GOLDING MONTEVERDE, inscrito en el Inpreabogado bajo el No 57.225, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN. SEGUNDO: Se ordena el pago a la demandante de los intereses legales y los de mora generados por el retardo en la entrega de sus prestaciones sociales, calculados en la forma dispuesta en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo. TERCERO: A los fines de determinar las sumas que en definitiva le adeude el organismo accionado a la actora por los precitados conceptos, se ordena elaborar por un solo experto designado por el Tribunal, e.....

Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República de Venezuela por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por la ciudadana RAMONA TORIBIA JIMÉNEZ POLANCO, asistida por el abogado MARIO JOSÉ TORREALBA, ambos supra identificados, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 267 de fecha 13 de diciembre de 2004, emanado del hoy Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, el cual se anula sólo en lo que respecta a la orden de retiro de la actora del citado organismo contenida en el mismo. SEGUNDO: Se ORDENA la reincorporación de la recurrente al cargo de Jefe de Régimen, adscrita al Internado Judicial Capital El Rodeo, u a otro de similar o superior jerarquía en el Ministerio querellado, por el lapso de un (1) mes, a los fines de que se realicen las gestiones reubicatorias previs.....

Por los razonamientos precedentemente expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Procedente la solicitud de medida cautelar formulada por la abogada ANA LISBETH MATA AGUILAR, obrando con el carácter de apoderada judicial de la empresa INVERSIONES PALDOMAR,C.A., ambos suficientemente identificados en la parte motiva del presente fallo. SEGUNDO: Se suspenden los efectos de la Providencia Administrativa Nº. 09-2003, dictada en fecha 18 de diciembre de 2003, por la Inspectoría del Trabajo en el Municipio Guacaipuro del Estado Miranda, durante toda la vigencia del presente juicio. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el aparte 21 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se ordena a la parte actora constituir, en el plazo de treinta (30) días de despacho contados a partir de la fecha de emis.....

Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República de Venezuela por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la querella interpuesta por el ciudadano FÉLIX ENRIQUE PÉREZ AVILEZ, por intermedio de su apoderado judicial, abogado JUAN JOSÉ GONZÁLEZ, ambos suficientemente identificados en la parte motiva del presente fallo, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 107 de fecha 11 de febrero de 2005, emanado del MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA, hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA.

Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad (querella), interpuesto por la ciudadana YARELIS MARÍA BERMÚDEZ PAZ, asistida por el abogado MANUEL ALFREDO ESCOBAR QUINTO, ambos suficientemente identificados en la parte motiva del presente fallo, contra el acto administrativo contenido en el Oficio Nº CA 0045 de fecha 25 de enero de 2005, suscrito por el PROCURADOR METROPOLITANO DE CARACAS, el cual se anula. SEGUNDO: Se ORDENA la reincorporación de la querellante en el cargo de Abogado IV, adscrito a la Procuraduría Metropolitana del Distrito Metropolitano de Caracas, o a otro de igual o superior jerarquía, con el pago de los sueldos y demás beneficios dejados de percibir desde la oportunidad en la cual consta en a.....

Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad funcionarial, ejercido conjuntamente con acción de amparo constitucional como medida cautelar, por la ciudadana MARLENE JOSEFINA MENDOZA SÁNCHEZ, por intermedio de su apoderado judicial, abogado AGUSTÍN DÍAZ RAMOS, ambos supra identificados, contra el acto administrativo contenido en la Comunicación Nº DPL-351-2004 emanado del CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL.

Por las razones precedentemente señaladas, esta Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la querella interpuesta por el ciudadano JOSÉ GREGORIO DÍAZ, representado por el abogado MIGUEL EDUARDO ROMERO, ambos plenamente identificados en la parte motiva del presente fallo, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA. SEGUNDO: Se ordena el pago al actor de las prestaciones sociales y demás conceptos que por ley le corresponden, derivados de su prestación de servicio público para el organismo accionado, durante el período comprendido entre el día 6 de septiembre de 1993 y el 13 de diciembre de 2001, así como el pago de los intereses de mora generados por el retardo en la entrega de sus prestaciones sociales, calculados en la forma dispuesta en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo. TERCERO: A los fin.....

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto por el ciudadano JOSÉ LUÍS MONRROE, representado por el abogado GUSTAVO A. LUNA MORÁN, contra el acto administrativo de remoción contenido en la Resolución Nº 6079 de fecha 9 de septiembre de 2004, suscrito por el ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS.

Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad funcionarial (querella), interpuesto por la ciudadana NOEMÍ JOSEFINA BLANCO DONAIRE, asistida por el abogado RAMÓN MONTILLA, ambos supra identificados, contra el acto administrativo contenido en la Resolución de fecha 10 de junio de 2004, emanada del INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.).

Por las razones expuestas este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer de la demanda interpuesta por la ciudadana YOLEISE NOEMÍ LAPREA EMPERADOR, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 6.500.252, por intermedio de su apoderada judicial, abogada MIRTA EULALIA SEVER CABRERA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 81.890, contra la FUNDACIÓN PARA EL TRANSPORTE POPULAR DEL ESTADO MIRANDA (FUNTRAPEM); y en consecuencia, por ser este el segundo Tribunal que declara su incompetencia, procede a solicitar de oficio la regulación de la competencia. Remítanse las presentes actuaciones a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que esta última conozca del conflicto surgido.