declara INADMISIBLE, el Recurso de Nulidad, interpuesto por la ciudadana YRIS AMERICA MUCHACHO YZARRA, portadora de la cédula de identidad Nº 5.431.993, asistida por el abogado ARQUIMEDES R. GONZALEZ BLANCO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 35.910, contra la Providencia Administrativa Nº 36-03, de fecha 18-02-2003, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Distrito Capital del Municipio Libertador, mediante la cual se declaró incompetente para decidir sobre la inamovilidad laboral solicitada.

declara CONSUMADA LA PERENCION y EXTINGUIDA LA INSTANCIA, el recurso de nulidad interpuesto por la abogada ALEXANDRA CÁRIBAS MENDIBLE, actuando en su carácter de apoderada judicial de sociedad civil COLEGIO PATRIA, ambos identificados en el encabezamiento del presente fallo, contra la Resolución emanada del Ministerio de Infraestructura, Dirección General de Inquilinato, de fecha 21 de octubre de 2004, identificada con el Nro. 008420.

Por las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido por los abogados RENE PLAZ BRUZUAL, LUIS ORTIZ ALVAREZ y PEDRO URIOLA, apoderados judiciales de la sociedad mercantil VALORES MAPUMAR, S.A., antes identificados, contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONTROL URBANO DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL y en consecuencia: se anula la Resolución Nº 03177 de fecha 08 de agosto de 1995, emanada de la Dirección Ejecutiva de Control Urbano del Municipio Libertador del Distrito Capital.

El Tribunal observa que desde la fecha de la última actuación cumplida hasta la fecha del presente auto, ha transcurrido un lapso superior a un (1) año, sin que se hubiera realizado actuación alguna que tienda a la prosecución del proceso, por lo que a tenor de lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA LA EXTINCIÓN DE LA INSTANCIA en consecuencia archívese el expediente sustanciado en sede jurisdiccional.-

El Tribunal observa que desde la fecha de la última actuación cumplida hasta la fecha del presente auto, ha transcurrido un lapso superior a un (1) año, sin que se hubiera realizado actuación alguna que tienda a la prosecución del proceso, por lo que a tenor de lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA LA EXTINCIÓN DE LA INSTANCIA en consecuencia archívese el expediente sustanciado en sede jurisdiccional.-

El Tribunal observa que desde la fecha de la última actuación cumplida hasta la fecha del presente auto, ha transcurrido un lapso superior a un (1) año, sin que se hubiera realizado actuación alguna que tienda a la prosecución del proceso, por lo que a tenor de lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA LA EXTINCIÓN DE LA INSTANCIA en consecuencia archívese el expediente sustanciado en sede jurisdiccional.-

Por las razones anteriormente expuestas, éste Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA notificar al recurrente, ciudadano por sí o en la persona de su apoderado judicial, para que en el plazo de treinta (30) días continuos contados a partir de la fecha en la cual conste en autos dicha notificación, informe a éste Tribunal si conserva el interés en que la causa sea decidida. En caso de no obtenerse respuesta en el indicado plazo, en el supuesto de que se logre su notificación, se declarará TERMINADO EL PROCEDIMIENTO por pérdida del interés y se ordenará el ARCHIVO del expediente.

Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República de Venezuela por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la querella interpuesta por el ciudadano GIOVANNY ANTONIO CANACHE, representado por la abogada MARISELA CISNEROS AÑEZ, plenamente identificados en el encabezamiento de la presente decisión, contra el acto administrativo notificado mediante oficio Nº DG 011, de fecha 5 de septiembre de 2005, dictado por el Director General del Instituto Autónomo de Policía del Estado Miranda.

Por las razones anteriormente expuestas, éste Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA notificar al recurrente, ciudadano GUSTAVO MATAMOROS MENDOZA, por sí o en la persona de su apoderado judicial, para que en el plazo de treinta (30) días continuos contados a partir de la fecha en la cual conste en autos dicha notificación, informe a éste Tribunal si conserva el interés en que la causa sea decidida. En caso de no obtenerse respuesta en el indicado plazo, en el supuesto de que se logre su notificación, se declarará TERMINADO EL PROCEDIMIENTO por pérdida del interés y se ordenará el ARCHIVO del expediente.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la querella interpuesta por el abogado LUIS GUILLERMO OJEDA HERNÁNDEZ, obrando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano GUILLERMO IGINIO VELÁSQUEZ, ambos suficientemente identificados en la parte motiva del presente fallo, contra el acto administrativo de destitución dictado en fecha 30 de junio de 2005, por la Contraloría Municipal del Municipio Libertador del Distrito Capital.