III Por todo lo antes expuesto, este Juzgado Décimo Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR LA DEMANDADA INTENTADA por la ciudadana YULY MARIA GARCIA ROMERO, venezolana mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº. V- 12.402.581.,contra la empresa, U.E OSWALDO GUAYASAMIN CA, sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil VII, de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el Nº 24, tomo 181-A VII, de fecha 27/04/2001, condenándose a la parte demandada, a cancelar a la parte actora lo siguiente: PRIMERO: La demandada empresa U.E OSWALDO GUAYASAMIN CA, sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil VII, de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo .....

declara: DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO y TERMINADO EL PROCESO de conformidad con las previsiones del artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, todo en el juicio interpuesto por la ciudadana ERIKA PAZ RODRÍGUEZ contra la empresa " EL PAÍS TELEVISIÓN, C.A. (CANAL I) " por Calificación de Despido, Reenganche y Pago de Salarios Caídos. Se condena en costas a la parte actora, de conformidad con lo previsto en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Siendo ello así, a criterio de esta jurisdicente la prueba de juramento decisorio promovida por la representación judicial de la parte demandante no es por sí sola un medio conducente a los fines de resolver la controversia, toda vez que no se puede hacer depender de ella como única probanza la suerte de un juicio como el de marras en donde se reclaman daños y perjuicios como consecuencia de presuntas filtraciones y daños ocasionados en un inmueble propiedad de la parte demandante presuntamente por filtraciones provenientes de un apartamento propiedad de la demandada; y siendo que consta en autos otros medios probatorios promovidos por las partes que deben ser valorados y adminiculados al momento de la definitiva para tomar una decisión que permita poner fin a la presente controversia, por lo cual quien aquí se pronuncia considera que la prueba de juramento decisorio es inadmisible. Y así se establece.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este JUZGADO SUPERIOR NOVENO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLINA SU COMPETENCIA EN LA CORTE SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE ESTA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL. En consecuencia se ORDENA la remisión del expediente a la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de esta Circunscripción a los fines de su conocimiento en la oportunidad legal correspondiente. Publíquese, regístrese, diarícese, déjese copia certificada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Caracas, a los veinti.....

Por las razones de hecho y de derecho, éste Juzgado Noveno Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 20 de junio de 2011 por el abogado VÍCTOR CORREA actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, contra la sentencia dictada en fecha 18 de mayo de 2011 por el Juzgado Séptimo (7°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por accidente de trabajo y otros conceptos laborales incoaran las ciudadanas NORMA MIGUELINA MOYA PONCE y MIGUEL ENRIQUE CORREA en contra de la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA POR ORGANO DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD Y SU ENTE ADSCRITO H.....

"...Acto seguido, el Apodero Judicial de la Parte Actora, Abogado Jesús Benito Urdaneta, ampliamente identificado, pide la palabra a este Tribunal y expone: "Solicito a este Tribunal Ejecutor de Medidas, se ABSTENGA de practicar la medida para lo cual fue comisionado, por cuanto considero que debo precisar y verificar la información suministrada por las notificadas, para cual me reservo el derecho de ejecutarlo posteriormente, hasta tanto el Tribunal de la Causa, Oficie a esta Institución con el fin de determinar el monto a embargar, asimismo solicito a este Tribunal sirva devolver la presente comisión con sus resultas al Tribunal de Causa..."

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal, administrando justicia, nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA. Asimismo se ordena el archivo definitivo del presente expediente. No hay condena en costas por razón de la naturaleza de este fallo. Publíquese, Regístrese y Déjese copia

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal, administrando justicia, nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA. Asimismo se ordena el archivo definitivo del presente expediente. No hay condena en costas por razón de la naturaleza de este fallo. Publíquese, Regístrese y Déjese copia

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal, administrando justicia, nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA. Asimismo se ordena el archivo definitivo del presente expediente. No hay condena en costas por razón de la naturaleza de este fallo. Publíquese, Regístrese y Déjese copia

En este mismo orden de ideas, en sentencia dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, expediente RC 99-058, Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, se estableció: "... la Sala de Casación Civil se pronunció acerca de la valoración de la referida fotocopia, a la que se ajustó plenamente la recurrida en esta oportunidad. En efecto, en la sentencia dictada en fecha 29 de noviembre de 1995, expresamente se señaló lo siguiente: La alzada afirma que el actor no objetó, durante el curso del proceso, la copia del Estado de Cuenta Corriente del mes de Marzo de 1.991, que el Banco Mercantil, C.A., aportó a los autos; pero opinó que esa documental no tenía valor probatorio, al no estar admitida por la ley y no haberla expresamente reconocido la contraparte, pues no se trataba de una copia simple de un documento privado reconocido, o tenido legalmente por reconocido; todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civ.....