Con base a todos lo razonamientos de hecho y derecho que han sido expresados en la parte motiva del presente fallo este JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, actuando en sede Constitucional en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA: UNICO: INADMISIBLE, la acción de Amparo Constitucional, interpuesta incoada por la abogado GLORIA PACHECO, abogado en ejercicio inscrito en el IPSA bajo la matricula N° 45.723, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana JANETH VIRGINIA RODRIGUEZ, venezolana mayor de edad, de este domicilio identificada con el numero de cedula V- 12.688.376 en contra de la empresa INVERIONES VIZCAYA; conforme lo preceptúa el numeral 5 del artículo 6º de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo.

Con fundamento en las anteriores consideraciones este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, actuando en Sede Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara: PRIMERO: PROCEDENTE la acción de amparo incoada por el ciudadano LUIS ELOY MENDOZA PEÑA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N°. V- 8.025.644, contra la empresa GARAGE CAIMPRES S.R.L, y el ciudadano EUGENIO SAENZ. En consecuencia, se ordena el restablecimiento de la situación jurídica infringida al querellante. En este sentido, se le ordena al querellado GARAGE CAIMPRES S.R.L, y el ciudadano EUGENIO SAENZ, el inmediato cese de la violación de los derechos constitucionales conculcados, absteniéndose de desalojar al ciudadano Eloy Mendoza, del estacionamiento GARAGE CAIMPRES S.R.L lugar donde habita y presta sus servicios como Parquero y Con.....

En consecuencia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 88 ibidem, y, en un todo conforme a la sentencia vinculante de fecha 23 de noviembre de 2010, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, resulta procedente declarar Con Lugar dicha inhibición, como en efecto así se declara, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley. Así se decide.

CON LUGAR la inhibición planteada por el abogado Herbert Castillo, Juez del Juzgado Décimo Quinto de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 23 de enero de 2012, de conformidad con lo previsto en el articulo 31 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, numeral 4°.

Es el caso sub iúdice, el Tribunal observa, que desde el auto de fecha 01/12/2009, en donde se libró boleta de notificación a la parte demandada ciudadana MARIA COROMOTO RAMIREZ, de conformidad con lo establecido en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, y la parte actora no han realizado ningún acto procesal, a los fines de la consecución del proceso; lo cual representa una evidente inercia de más de un (01) año, resultando obvio el transcurso del tiempo mayor que el requerido para la PERENCIÓN de nuestro ordenamiento jurídico. Esta inactividad procesal imputable a la parte actora se encuentra sancionada en nuestro ordenamiento jurídico, con la figura de la Perención de la Instancia, cuyo efecto se circunscribe y da por extinguida la causa, no pudiendo promoverse nuevamente sino transcurrido como sean noventa (90) días de verificada la misma. Con fundamento a las anteriores consideraciones, este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de V.....

Observa el Tribunal que el presente caso no ha tenido lugar el acto de contestación de la demanda pudiendo la parte actora desistir del procedimiento tal como lo establece el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil.- En consecuencia, se declara extinguida la instancia de conformidad con lo establecido en el artículo 266 Ejusdem. Así se decide

En el caso que nos ocupa, se evidencia que estamos en presencia de una pretensión cuya cuantía si bien fue estimada en la cantidad de Quince Mil Bolívares (Bs.15.000,00), la parte solicitante también está reclamando el pago de los daños y perjuicios estimándolos en la cantidad de Trescientos Mil Bolívares en los términos que siguen: (SIC)"...A cancelar los daños y perjuicios que pudieran haberse causado en el interior del inmueble, los cuales estimamos en la cantidad de Bs. 300.000,00 ..." (Fin de la cita textual), cantidades éstas que conforme a lo establecido en el artículo 1 de la resolución antes transcrita, evidenciaría la imposibilidad devenida de ley para este Tribunal de conocer de la pretensión de DESALOJO interpuesta por el ciudadano MANUEL SANTOS SANTAS, supra identificada; en consecuencia considera quien decide, que los Tribunales competentes para conocer la pretensión, son los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicia.....

se ordena la notificación del ciudadano Jorge Sosa Viera, o en la persona de su apoderado judicial de conformidad con lo establecido en los artículos 233 y 251 del Código de Procedimiento Civil.

Firme como ha quedado la decisión dictada por este Tribunal en fecha 19 de diciembre de 2011; se ordena la remisión del presente expediente al Juzgado Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Asimismo se ordena realizar por Secretaría el cómputo de los días de despacho trascurrido desde el dieciocho (18) de enero de 2012, exclusive, hasta la presente fecha, inclusive. Líbrese el correspondiente oficio.

Es el caso sub iúdice, el Tribunal observa, que en fecha 29/06/2010, en donde comparecieron la ciudadana YOSMAR MILENA ALVAREZ, en su condición de fiadora, debidamente asistida por la abogada YESCENIA RODRIGUEZ en ejercicio, inscrita bajo el Nro. 117.210 y la abogada HAYDEE AÑEZ, en su condición de apoderada judicial de la parte actora, en donde consignaron escrito de transacción, y que auto de fecha 02/08/2010 se insto a la parte actora que debe consignar autorización debidamente autenticada, y que auto de fecha 12/08/2010, se insto la comparecencia del co-demandado EDWARD ANTONIO COBIS CASTILLO, a dar su consentimiento o aprobación a la transacción; y que desde esa fecha no han realizado ningún acto procesal, a los fines de la consecución del proceso; lo cual representa una evidente inercia de más de un (01) año, resultando obvio el transcurso del tiempo mayor que el requerido para la PERENCIÓN de nuestro ordenamiento jurídico. Esta inactividad procesal imputable a la parte actora se.....