Visto y escuchado los alegatos tanto del representante del Ministerio Público y de la Defensa, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley. Acuerda: PRIMERO: Se admite la acusación fiscal presentada por el Ministerio Público por considerar que cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 313 ordinal 2º del Código Orgánico Procesal Penal, por considerar que el escrito cumple con lo establecido en el articulo 308 ejusdem, por la comisión del delito APROVECHAMIENTO DE VEHICULO AUTOMOTOR PROVENIENTE DEL DELITO DE ROBO, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Sobre Hurto y Robo de Vehiculo Automotor, en contra del ciudadano GABRIEL ANTONIO PEÑA VARGAS. SEGUNDO: Se admiten las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, por ser licitas, legales, pertinentes y necesarias a los fines de la celebración del Juicio Oral y Público, de conformidad con el artículo 313 ordinal 9º del COPP. TERCERO: En cuant.....

este Tribunal Tercero de Primera Instancia Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Lara, Barquisimeto, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, por ser contraria a la ley, DECLARA INADMISIBLE la demanda de divorcio presentada por el ciudadano JULIO DAVID HIDALGO MELENDEZ.

Así las cosas, los alegatos expuestos en la oposición formulada son insuficientes para revocar el amparo cautelar acordado, ya que no se encuentran desvirtuados los motivos que sirvieron de fundamento en la solicitud y, mucho menos, se demostró la inexistencia de la presunción grave del derecho constitucional invocado, como lo es el derecho a huelga de los trabajadores, previsto en el Artículo 97 del Texto Fundamental. En consecuencia, se declara sin lugar la oposición interpuesta en el presente asunto, por lo que se mantiene el amparo cautelar acordado en fecha 27 de junio de 2012. Así se decide.-

Respecto a la necesidad de reposición de la causa, tal solicitud también resulta improcedente por las razones indicadas; además, consta en la copia certificada consignada la apertura de oficio de dicho lapso en fecha 17 de julio del 2012, estando la parte querellante a Derecho, pues se demostró la notificación cumplida el 29 de mayo de 2012; y por el contrario, no se demostró en autos la falta de acceso al expediente, como se señaló en el libelo. En consecuencia, ante la inexistencia de las violaciones constitucionales denunciadas por el querellante, se declara sin lugar el amparo constitucional interpuesto, porque no se cumplen los extremos del Artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así decide.

Ahora bien, analizado el efecto de comercio acompañado por el actor a su libelo de demanda, quien Juzga observa que efectivamente dicho instrumento carece de la firma del librador no dando lugar para suplir su ausencia con otro medio, razón por la cual debe concluirse que el instrumento cambiario aludido no puede ser considerado como tal letra de cambio por hallarse afectado de nulidad y ASI SE DECLARA. Por lo antes explanado, este Tribunal, en nombre de la Republica y por Autoridad de Ley, declara INADMISIBLE la presente acción por Cobro de Bolívares Vía Intimatoria. Devuélvanse los originales consignados una vez que sean consignados los fotostatos respectivos. Asimismo se ordena dar por terminado el presente asunto y se acuerda su remisión al archivo judicial.- La Juez, Abg. Delia J. González, La Secretaria Abg. Emma García

En virtud de las anteriores consideraciones, este Juzgado Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: ÚNICO: SIN LUGAR el Recurso de hecho interpuesto contra el Auto dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, en fecha 29/06/20121, el cual inadmitió la apelación interpuesta contra la decisión de fecha 20/01/20121.

Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, actuando en sede Constitucional, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Su INCOMPETENCIA para entrar a conocer y decidir la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada Susana González-Nieto de Arroyo, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 44.959, quien manifiesta actuar con el carácter de apoderada judicial del ciudadano AGUSTÍN GONZÁLEZ-NIETO GARCÍA, titular de la cédula de identidad Nº 19.937.974, contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, por la presunta infracción de los artículos 51, 80 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. SEGUNDO: Se DECLINA LA COMPETENCIA ante las actuales Cortes de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Caracas. TERCERO: Remítase inmediatame.....

Este Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, designa al cargo de CURADOR AD-HOC de niño (Identidad omitida de conformidad con el art. 65 de la L.O.P.N.N.A.), a la ciudadana Raquel María Rivero Álvarez.

Este Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, designa al cargo de CURADOR AD-HOC de la niña (Identidad omitida de conformidad con el art. 65 de la L.O.P.N.N.A.), al ciudadano Oswaldo Rangel Rodríguez Camacho.

Dispositiva Este Tribunal visto lo expuesto por las partes y de conformidad con lo previsto en el artículo 8, 27, 365, 366, 385, 386 y 470 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, procede en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley a Homologar el acuerdo de Obligación de Manutención y Régimen de Convivencia Familiar celebrado entre las partes ciudadanos DILCIA COROMOTO DURAN FLORES y WILMER JOSUE LOYO PERDOMO, ut Supra señalado.