- III - DISPOSITIVA Por los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO DECIMO CUARTO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de dos (02) años a contar desde el 13 de mayo de 2010, fecha en la cual el demandante solicitó la citación en una nueva dirección, hasta la presente fecha no constando en autos impulso procesal por parte de la actora, procediendo el supuesto de hecho contenido en el artículo 267, y el artículo 269, ambos del referido Código Procesal Civil. Debido, a la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas conforme lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del JUZGADO DECIMO CUARTO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA .....

III DECISIÓN Por las razones expuestas, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: ÚNICO: Declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA y extinguido el proceso que por Resolución de Contrato de Arrendamiento, intentaran los ciudadanos JOAO DE ABREU y MARIETE DE ABREU DE MÁRQUEZ, contra la Sociedad Mercantil DISTRIBUIDORA INDI C.A., ambas partes plenamente identificadas en esta sentencia, todo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Artículo 269 ejusdem.

Se dicto Resolución, mediante la cual se declaró como CARGA FAMILIAR del ciudadano CARLOS GUZMAN VASQUEZ AREAGA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.328.319 , actuando en interés y beneficio del niño de marras.

Se dicto Resolución, mediante la cual se declaró como CARGA FAMILIAR de la ciudadana CARLOS JESUS OVIEDO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.045.536, actuando en interés y beneficio del adolescente de marras.

Se dicto Resolución mediante la cual se Declaró DESISTIDA la presente causa, y en consecuencia se declara la EXTINCIÓN del proceso, todo de conformidad con el artículo 514 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Asimismo, se ordena el cierre y archivo del presente asunto.

Por consiguiente, este Juzgado HOMOLOGA la presente transacción dándole efectos de Cosa Juzgada, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador ni normas de orden público, todo ello conforme a los artículos 87 y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Regístrese, Publíquese y guárdese copia certificada. Asimismo, se deja constancia de la devolución de los escritos de promoción de pruebas, por lo que en este acto se da por terminado el presente asunto, ordenándose el cierre informático y SU REMISIÓN A LA DIVISIÓN DE ARCHIVO JUDICIAL. Es todo. Término, se leyó y conformes firman. LA JUEZ SADY CARDONA MORENO JOSE REQUENA MATA APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA MARCOS ROGELIO GIL APODERADO JUDICIAL .....

En base a los razonamientos anteriormente expuestos, este TRIBUNAL SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÀREA METROPOLITANA DE CARACAS , administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES incoada por el ciudadano ROGER ANDUZ HENRÍQUEZ LEÓN contra las sociedades mercantiles SIGLO XXI CONSULTORÌA EMPRESARIAL, S.A. y SERVICIOS ACUÀTICOS DE VENEZUELA, C.A. (SAVECA). SEGUNDO: Se condena a las codemandadas tomando en consideración la vigencia de la relación de trabajo, comprendida entre el 21 de enero de 2011 al 28 de marzo de 2011, es decir, dos (2) meses y siete (7) días, y la causa de terminación despido injustificado, los siguientes conceptos: 1) Vacaciones fraccionadas: el pago equivalente a 2,5 días, a razón de un salario diario de Bs. 166,66, lo que arroja la cifra de Bs. 416,65, segú.....

DECISION En consecuencia, examinada la descrita transacción, se procede de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 258, a impartir su HOMOLOGACION, al escrito transaccional. Asimismo se acuerda la devolución de las pruebas promovidas por las partes al inicio de la audiencia preliminar las cuales las partes reciben a su entera y cabal satisfacción. Igualmente se acuerda la expedición de las copias certificadas solicitadas por la partes, de conformidad con el artículo 21 ordinal 3 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en tal sentido se insta a las partes a consignar las copias de lo solicitado. No hay condenatoria en costas Por aplicación analógica de acuerdo a lo dispuesto en la norma del artículo 11 de Ley Orgánica Procesal del Trabajo en co.....

"(...) este Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley CONSIDERA DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO Y TERMINADO EL PROCESO (...)"

Por los razonamientos que anteceden, este Juzgado Quinto (5°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, declara: Primero: Con lugar la falta de cualidad invocada por la representación judicial de demandada solidariamente Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, partes suficientemente identificadas a los autos. Segundo: Sin lugar la demanda por prestaciones sociales y otros conceptos laborales incoada por el ciudadano Carlos Alirio Pernía contra Vicanto C.R.L (Estación de Servicio El Samán). Tercero: No hay condena en costas a la parte actora de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo por cuanto el salario devengado no excede los 3 salarios mínimos.