Por las razones expuestas este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SU INCOMPETENCIA para conocer de la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, por el abogado RAFAEL PERAZA DURAN, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 9.298; actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil SERVICIOS DE PERSONAL LA ARENISCA, C.A., en contra del acto administrativo contenido en la Certificación de Enfermedad Ocupacional signada con el Nº 0423-10 de fecha 5 de mayo de 2010, emanada de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Miranda del INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL), todos plenamente identificados en el encabezamiento del presente fallo. SEGUNDO: DECLINA la competencia para conocer de la presente causa en.....

Por los razonamientos precedentemente expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, decreta de oficio la SUSPENSIÓN durante toda la vigencia de la presente demanda de nulidad, los efectos de la Resolución Nº DA-J-DIM-2010-076, dictada en fecha 9 de diciembre de 2010, por el Alcalde del Municipio Baruta del estado Miranda.

Por los razonamientos precedentemente expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PROCEDENTE la solicitud de medida cautelar formulada los abogados VICENTE SISO GARCÍA y ARMANDO JESÚS PLANCHAR MÁRQUEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 16.457 y 25.104, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de la empresa "INVERSIONES MR. CLAUS, C.A.", en contra del acto administrativo contenido en la Resolución Nº 735-II/2011, de fecha 7 de diciembre de 2011, emanado del Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria (SEMAT) de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO MIRANDA, que impuso a la empresa demandante la sanción de clausura del establecimiento en el cual desarrolla su actividad comercial y el pago de una multa por el equivalente a cincuenta unidades tributarias (50 UT).....

Por los razonamientos precedentemente expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: IMPROCEDENTE la solicitud de ampliación de la medida cautelar de amparo dictada por este Tribunal en fecha 11 de julio de 2012, solicitada por la parte actora.