Ahora bien, de la norma antes transcrita, así como la jurisprudencia se evidencia que el legislador patrio no prohibió de forma expresa la apelación de las sentencias interlocutorias, pero si limitó el acceso al mencionado recurso, con el objeto de aligerar el procedimiento Ordinario Agrario y depurarlo de incidencias innecesarias que pudiesen ser reparadas en la sentencia definitiva o a través del recurso de apelación que se interponga a tales efectos, siendo requisito sine qua non para la procedencia del medio ordinario de impugnación la existencia de una disposición expresa que así lo establezca, ejemplo de ello las decisiones a que se refieren los artículos 209, 211 y 247 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en cumplimiento a la parte in fine del artículo 228 eiusdem

, en concordancia con el artículo 246 de la de Tierras y Desarrollo Agrario, que el medio de impugnación valido contra cualquier decreto cautelar es la oposición a la medida, y no el recurso de apelación, es decir, la decisión que se pretende enervar no tiene recurso de apelación previsto expresamente en la Ley, ni es esa la vía idónea para confutar los efectos del fallo cautelar, y en eso han sido contestes la jurisprudencia y la doctrina. En tal sentido, este sentenciador declara inadmisible el Recurso de Apelación interpuesto contra la decisión proferida por este Tribunal en fecha 03 de Diciembre de 2.014. Así se decide.