Entonces, siendo imprecisa la condición e identificación clara de los sujetos demandados en el presente juicio, no observando en autos evidencias que determinen al Juzgador la persona demandada, es por lo que se repone la causa al estado de que la parte demandante corrija el libelo determinando los sujetos demandados en el presente juicio, especificando si se trata de personas naturales o jurídicas, de conformidad con el Artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, identificación necesaria para determinar en la definitiva quienes serán los sujetos posiblemente condenados, ya que existe indeterminación en la identificación de los mismos; todo ello conforme al Artículo 245 del Código de Procedimiento Civil, aplicado supletoriamente por remisión expresa del Artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Lo anterior, conlleva a ratificar que no existe indicio alguno de la actividad específica que realizaba el ciudadano EDGAR ANTONIO TERÁN en la organización demandante; ni la conexión directa de ésta con el tiempo de zafra, impidiendo la aplicación del principio de primacía de la realidad para la verificación de la situación de hecho respecto al trabajador beneficiario, a tenor de lo previsto en el Artículo 89 Constitucional, en conexión con el Artículo 47 de la Ley Orgánica del Trabajo. Por lo expuesto, se declara sin lugar la nulidad de la providencia administrativa solicitada. Así se decide.