En virtud de las precedentes consideraciones, este Juzgado Cuarto (4º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la demanda por cobro de prestaciones sociales, interpuesta por el ciudadano SAMIR ENRRIQUE CASTILLA HURTADO, contra el ciudadano LEONARDO REY ALVAREZ, condenándose a esta última al pago de la cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO BOLIVARES CON DIEZ CENTIMOS (Bs. 9.348,10), más lo que resulte de la experticia complementaria del fallo. Se ordena su realización según lo parámetros determinados en la parte motiva de la decisión. Se condena en costas a la demandada, a tenor de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Notifíquese a las partes de la presente publicación, una vez conste en autos la ultima de las notificaciones p.....

DISPOSITIVO Por todas las razones que anteceden, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la INHIBICIÓN, planteada en dieciséis (16) de marzo de dos mil doce (2012), por la Juez Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Dra. CAROLINA MARÍA GARCÍA CEDEÑO. Líbrense los oficios acordados en esta decisión a los Juzgados Noveno y Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Déjese copia certificada de la presente decisión en el copiador de sentencias de este Tribunal. Remítase el presente expediente al Juzgado de origen, en su oportunidad legal. PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE. Dada, firmada y sellada en la Sala.....

PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA DE DAÑOS Y PERJUICIOS INTERPUESTA POR LA CIUDADANA AIZA GABRIELA IBEDACA MARIOTTI CONTRA EL CIUDADANO ALFREDO CASTILLO SANSÓN; POR CUANTO SI BIEN SE DEMOSTRÓ EL DAÑO PATRIMONIAL INVOCADO NO QUEDÓ DEMOSTRADO EN AUTOS MEDIANTE PRUEBA FEHACIENTE EL RESARCIMIENTO DE DAÑO MORAL ALEGADO POR LA PARTE ACTORA EN EL ESCRITO LIBELAR. SE CONDENA A LA PARTE DEMANDADA A INDEMNIZAR A LA PARTE ACTORA CON LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE BOLÍVARES CON SETENTA CÉNTIMOS (BS.F 207.817,70) POR CONCEPTO DE DAÑO PATRIMONIAL; EN VISTA QUE SE CONSTATÓ A LOS AUTOS QUE DICHO CIUDADANO CON SU PROCEDER CAUSÓ UNA LESIÓN DE INTERESES MATERIALES EN LA ESFERA PATRIMONIAL DE SU CONTRAPARTE. NO SE IMPONEN COSTAS EN ESTE ASUNTO DADA LA NATURALEZA PARCIAL DEL PRESENTE FALLO.

III DISPOSITIVO Por los razonamientos aquí expuestos, este Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta en fecha 03 de octubre de 2000, por al abogada ANA ISABELLA RUIZ GUEVARA, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, contra la sentencia de fecha 31 de julio de 2000, dictada por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas, (hoy Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas). SEGUNDO: Se ANULA la sentencia proferida por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas, (hoy Civil, Mercantil, Tránsito y .....

¿ III ¿ DECISIÓN Por las razones expuestas, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: ÚNICO: Declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA y extinguido el proceso que por Cobro de Bolívares, intentara Morella Trejo Parodi, en contra del ciudadano Antonio Gouveia Galvo, ambas partes plenamente identificadas en esta sentencia, todo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Artículo 269 ejusdem.

Por todos los razonamientos antes expuesto, este Juzgado Sexto De Primera Instancia En Lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario De La Circunscripción Judicial Del Área Metropolitana De Caracas, en nombre de la República Bolivariana De Venezuela y por autoridad de la Ley, HOMOLOGA El CONVENIMIENTO DE PAGO en los mismos términos y condiciones expuestas por las partes, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 525 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese y regístrese. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los veinticinco (25) días del mes de Abril del año dos mil doce (2012), años 202º de la independencia y 153º de la federación.

En mérito de las anteriores consideraciones este TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Y NACIONAL DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PRIMERO: PERECIDO el recurso de apelación interpuesto en fecha 27 de marzo de 2012, por la ciudadana MADELEINE COROMOTO MORALES CASTILLO, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-13.853.539, debidamente asistida por el abogado CARLOS ALEXIS BRITO SOTO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 150.668, contra la sentencia de fecha 20 de marzo de 2012, dictada por la Jueza del Tribunal Tercero (3°) de Primera Instancia de Juicio de este Circuito Judicial de Protección, en la demanda de Divorcio Contencioso signada con la nomenclatura AP51-V-2010-004048. SEGUNDO: Como consecuencia del pron.....

DISPOSITIVA En razón de lo expuesto anteriormente, esta Sala Diez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley decreta: ÚNICO: ADMITE el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado MIGUEL JESUS SALAZAR OSECHAS, Defensor Público Penal Trigésimo (30°) del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en su carácter de defensor del ciudadano: JUAN CARLOS HERNANDEZ, con fundamento a lo previsto en el numeral 4 del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, en contra de la decisión dictada en fecha 18 de Marzo de 2012, por el Juzgado Octavo (8°) de Primera Instancia en Función de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual decretó la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, de conformidad a la establecido en el artículo 256 numerales 3 y 8 al aludido imputado de autos, por la presunta comisión de los delitos de: HOMICIDIO INTENC.....

Se dictó y publicó Sentencia Definitiva mediante la cual se declaró Parcialmente Con Lugar la demanda.- Respecto a las costas procesales se procederá conforme lo establece el artículo 275 del Código de Procedimiento Civil.-

PRIMERO: CON LUGAR la apelación intentada por la apoderada judicial de la parte actora, MARÍA FLORES RODRIGUEZ, en contra del auto dictado en fecha 05.08.2011, por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: REVOCA el auto dictado en fecha 05.08.2011, por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial. TERCERO: ORDENA al Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, a reanudar la presente causa y en caso de declararse con lugar la misma deberá verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra los Desalojos Arbitrarios. Cúmplase. PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE.