En virtud de los anteriores fundamentos, y atendiendo a la solicitud del Ministerio Público, estima esta Juzgadora, previo el análisis de los recaudos y señalamientos expuestos por la Fiscalía Séptima del Ministerio Público en su escrito, que concurren los requisitos establecidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal en su último aparte, en consecuencia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley. ACUERDA LIBRAR AUTORIZACIÓN PARA APREHENDER en contra del ciudadano JAIRO JOEL CORTEZ titular de la cédula de identidad Nº 7.437.402; quien, una vez lograda su aprehensión, deberá quedar detenido a la orden de la señalada Fiscalía del Ministerio Público a los fines de resguardar el debido proceso y que el mismo sea debidamente presentado ante el Tribunal en Función de Control competente en el transcurso de las doce (12) horas siguientes a su aprehensión. Así se decide. Líbrese la Orden de Aprehensión y remíta.....

Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, declara el decaimiento de la medida de coerción personal que en fecha 11/06/2010 dictada en contra del ciudadano ANGEL MANUEL OCOCRO SANCHEZ, por la presunta comisión del delito de USURPACION DE IDENTIDAD, previsto y sancionado en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Identificación. Notifíquese a las partes de la presente decisión. Regístrese. Cúmplase.

Se le CONDENA al referido ciudadano, al pago de las accesorias de Ley contenidas en el artículo 16 del Código Penal y se le CONDENA al pago de las costas "personales", de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código Orgánico Procesal Penal, a las cuales, quedaría únicamente obligado el ahora penado, que se hayan podido generar con ocasión del proceso, dada la gratuidad de la justicia y en aplicación del criterio sostenido de manera pacífica y reiterada por el Tribunal Supremo de Justicia en sentencias N° 3096 y 2956 de fechas 05/11/2003 y 10/10/2005 respectivamente, ambas con ponencia del magistrado Dr. PEDRO RONDÓN HAAZ, y N° 38 de fecha 22/02/2005 con ponencia del Magistrado Dr. JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, todas dictadas en armonía a lo postulados establecidos en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece el Principio de la Gratuidad de la Justicia. .....

Por consiguiente, procediendo de conformidad con lo pautado en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, este tribunal Noveno de Primera Instancia en funciones de Control, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decreta al imputado FRANCO ANTONIO ROMÁN FERNÁNDEZ, identificado ut supra, MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LA PRIVATIVA DE LIBERTAD, de conformidad con lo pautado en el numeral 3 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, presentación periódica cada OCHO (08) días.

Una vez escuchada la exposición de las partes, este Tribunal de Primera Instancia Penal en Funciones de Control Nº 09 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, se pronuncia en los siguientes términos: PRIMERO: El escrito de contestación presentada por el Abg. Héctor Rodríguez, fue presentado en tiempo útil y se declara sin lugar la nulidad invocada toda vez que no hay violación a ningún derecho y garantía, siendo que el funcionario Carlos Arenas no tuvo actuación alguna, siendo que la misma esta suscrita por los funcionarios actuantes. SEGUNDO: Verificado los requisitos del artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, por cumplir con todos los requisitos legales, se Admite totalmente la Acusación presentada por el Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 330 ordinal 2° del Código Orgánico Procesal Penal por los delitos de Robo Agravado, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal para ambos imputado y Cam.....