De la revisión del presente expediente signado con el Nro. 1161 numeración particular de este Tribunal, se constató que la causa se encuentra paralizada por falta de impulso procesal y en virtud que desde el 09-01-03, hasta la presente fecha, ninguna de las partes ha efectuado diligencia alguna que permita impulso de la causa. En este sentido, establece el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: ¿...Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención¿. (Subrayado nuestro). El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los.....

A tenor de los artículos 520 y 523 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR la Solicitud de Revisión de Sentencia por aumento de pensión Alimentaria, intentada por la ciudadana: NORVIT YOSELIZ MORA, contra el ciudadano: ROKER DI PAOLA SALERO, en beneficio de la niña NORAYVIT JOSE D´PAOLA SUAREZ.- En consecuencia se aumenta la pensión de alimento a la cantidad de CUARENTA MIL BOLIVARES (Bs. 40.000) MENSUALES que deberán se consignados por este Tribunal por mensualidades adelantadas ,tal y como lo establece el artículo 374 de la Ley Orgánica para la protección del niño y del Adolescente, a partir del mes de Febrero del presente año y en virtud que el demandado está solvente en las pensiones Alimentarias desde Noviembre 2003 a Noviembre 2004 y también canceló los meses de Diciembre 2004 y Enero 2005, todos estos meses en la cantidad de Treinta Mil Bolívares (Bs.30.000) Mensuales por cada uno, por lo tanto solo debe cancelar la diferencia .....

DISPOSITIVA Por lo antes expuesto este Tribunal de Control N° 5 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD contra los ciudadanos José Alberto González García, titular de la Cédula de Identidad N° 18.041.162, de 18 años de edad, soltero, obrero, domiciliado en la Calle Comercio con Calle Federación, Sarare, Municipio Simón Planas, Estado Lara, y Pedro José Mariño, titular de la Cédula de Identidad N° 15.305.163, de 26 años de edad, soltero obrero, domiciliado en el Sector Sabaneta, Calle 4 con Callejón 3, Casa S/N, Sarare, Municipio Simón Planas, Estado Lara, por la comisión del delito precalificado. Por cuanto están dados los presupuestos de los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal. Se acordó el Procedimiento Ordinario. Quedando las partes debidamente notificadas en la audiencia oral. Regístrese y Cúmplase.

Este Tribunal de Control No.9 actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley ACUERDA: PRIMERO DECLARAR SIN LUGAR LA SOLICITUD DE MODIFICACION DE MEDIDA CAUTELAR PRIVATIVA DE LIBERTAD, dictadas a los imputados RONAL SANTIAGO TORRES, NAUDY HERNANDEZ, EDUARD HERNANDEZ y EMPERATRIZ SUAREZ, a quienes se les sigue procedimiento penal por la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, PORTE ILÍCITO DE ARMA Y APROVECHAMIENTO DE COSA PROVENIENTE DE DELITO, decisión que se dicta. de conformidad con lo previsto en los artículos 250, 251 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Preservar el derecho a la salud, en los términos establecidos en esta decisión, al imputado RONALD SANTIAGO TORRES, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 83 de la Constituciòn de la República Bolivariana de Venezuela en relación con los artículos 10 y 19 del Código Orgánico Procesal Penal.

El Tribunal dejó constancia de la incomparecencia a esta Audiencia de la parte demandada, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasó a dictar en forma oral el dispositivo del Fallo, declarando que una vez revisada la petición del demandante y encontrándola que no es contraria a derecho, se presume la admisión de los hechos alegados por el demandante y en tal sentido DECLARO CON LUGAR LA ACCION INTENTADA, condenándose a la parte demandada al pago.

Visto que la mediación fue positiva de conformidad con lo previsto en el articulo 123 de la ley Orgánica Procesal del trabajo HOMOLOGO EL PRESENTE ACUERDO DE LAS PARTES, dandole efecto de cosa juzgada.

Visto el acuerdo a que llegan las partes, en el cual se fijan los montos a cancelar a la parte demandante por los conceptos discriminados en el libelo de demanda, Este tribunal, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el presente proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables de la demandante, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, DANDOLE EFECTO DE COSA JUZGADA.

Visto el acuerdo a que llegan las partes, en el cual se fija como monto a cancelar a la parte demandante por los conceptos discriminados en el libelo de demanda, la cantidad de Bs. 2.000.000,00 este tribunal, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el presente proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables de la demandante, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, DANDOLE EFECTO DE COSA JUZGADA

Vista la Transacción celebrada por las partes en el presente asunto, Este tribunal, da por concluido el presente proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables de la demandante, ni normas de orden público, lo HOMOLOGA, DANDOLE EFECTO DE COSA JUZGADA.

DECLARA: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR, la demanda que por diferencias de prestaciones sociales incoaran los ciudadanos WILLIAM QUINTERO TORRES Y REBECA GONZALEZ DE QUINTERO, representados por los juristas MARCOS CERDA CARRASCO, OSCAR HERNANDEZ ALVAREZ MARIA LAURA HERNANDEZ Y ALEXANDRE MARIN FANTUZI, contra las empresas OPERADORA SAN CRISTOBAL C.A., PARABOLICAS SERVICE´S BARQUISIMETO C.A., CABLE CORP T.V. C.A., y VENINFOTEL DE VENEZUELA C.A., representada por los juristas FRANCISCO CARRILLO AVELLAN, JOSE ANTONIO ANZOLA CRESPO Y MIGUEL ADOLFO ANZOLA CRESPO, todos ampliamente identificados en autos.