A los folios ocho (08) riela el convenio suscrito entre el ciudadano Genaro Antonio Pórteles Cuicas y la ciudadana Lilibet Zulay Marín Crespo ya identificados, el cual no es contrario al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley, este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, extensión Carora en su Sala de Juicio N° 1, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, le imparte su homologación todo de conformidad con lo establecido en los artículos 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. En consecuencia, conforme a dicho convenio la obligación alimentaria para el adolescente (omitido art. 65 LOPNA) queda fijada en la cantidad de cuarenta mil bolívares (Bs. 40.000,oo) quincenales, con un incremento anual de veinte mil bolívares (Bs. 20.000,oo) y el 50% de los gastos de de médicos, medicinas, vestuario y educac.....

A los folios siete (7) y ocho (8) riela el convenio suscrito entre los ciudadanos Simón Gregorio Duran Acosta y Yolanda Rosalia Almao de Duran, ya identificados, el cual no es contrario al orden publico, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley, este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, extensión Carora en su Sala de Juicio Juez Titular N° 2, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, le imparte su homologación todo de conformidad con lo establecido en el artículo 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. En consecuencia, conforme a dicho acuerdo la obligación alimentaria para el adolescente Omitido articulo 65 LOPNA, queda fijada en la cantidad de quince mil bolívares (Bs. 15.000, oo) semanales, a razón de sesenta mil bolívares (Bs. 60.000,00) mensuales, además de los gastos de vestuario, medicinas, médicos, educaci.....

Este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en artículos 315 y 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, HOMOLOGA el acuerdo suscrito por los ciudadanos LAURA PASTORA CASTILLO y JUAN MIGUEL TORRES, y ordena que se tenga como una Sentencia Firme, haciendo saber a las partes que dicho acuerdo puede ser modificado posteriormente según las necesidades del beneficiario. Expídanse las copias certificadas que las partes soliciten.

este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara Sin Lugar el Recurso Contencioso Tributario interpuesto en forma subsidiaria al Recurso Jerárquico, por el ciudadano MANUEL BELLO P., titular de la cédula de identidad N° V-1.263.244, en su carácter de representante legal de la sociedad mercantil GRUAS BEPISA, S.R.L, debidamente identificada, asistido en por el abogado ELIO ABREU PATIÑO, titular de la cédula de identidad N° V-3.535.744, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 21.122; en contra de la Resolución N° SAT-GTI-RCO-600-468, de fecha 19 de junio de 2003, notificada el 6 de agosto de 2003, emitida por la División de Fiscalización de la Gerencia de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). En consecuencia, se Ratifica la Resolución impugnada y se confirman las planillas de liq.....

DISPOSITIVA En mérito a las consideraciones que anteceden, este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, acuerda sustituir la privación preventiva de la libertad de los ciudadanos JOSÉ RAFAEL DÍAZ MARTINEZ, en los autos identificado, por las medida cautelares sustitutivas de aquélla, supra asentadas y la continuación de la causa por el procedimiento ordinario. Todo de conformidad con lo establecido en artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal. REGISTRESE. LA JUEZA TITULAR NOVENA DE CONTROL, ABG. BLANCA LUISA SANTANA V. LA SECRETARIA,

DISPOSITIVA En mérito a las consideraciones que anteceden, este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, acuerda imponer a los ciudadanos ALEXIS DANIEL QUINTERO GALLARDO y CARLOS EDUARDO RODRÍGUEZ OCHOA, en los autos identificados, la medida cautelar sustitutiva de aquélla, supra asentada y la continuación de la causa por el procedimiento ordinario. Todo de conformidad a lo establecido en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal. REGISTRESE. LA JUEZA TITULAR NOVENA DE CONTROL, ABG. BLANCA LUISA SANTANA V. LA SECRETARIA,

DISPOSITIVA En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Sexto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ordena a solicitud del Ministerio Público la imposición de Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación de Libertad a favor del ciudadano EDGAR GREGORIO ORTIZ MONAGAS, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 07.561.218, por la presunta comisión del delito de HURTO SIMPLE, previsto y sancionado en el artículo 451 del Código Penal, de conformidad con lo dispuesto en los ordinales 3° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose la tramitación de la causa por las vías del procedimiento penal Abreviado y la inmediata remisión de la documentación de las presentes actuaciones al Juzgado Unipersonal de Juicio de este Circuito Judicial Penal que por distribución corresponda, a los fines de cele.....

DISPOSITIVA En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Sexto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ordena a solicitud del Ministerio Público la imposición de Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación de Libertad a favor del ciudadano EDWUARD ANTUNEZ, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 13.062.440, por la presunta comisión del delito de DETENTACION DE ARMA DE FUEGO previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 3° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose la tramitación de la causa por las vías del procedimiento penal Ordinario conforme a lo dispuesto en los artículos 280 y siguientes ejusdem. Por cuanto el sistema Juris 2000 no funcionó desde el día 11-04-06 impidiendo el registro del presente auto en el tiempo .....

Observa este Juzgado que la parte demandada, adicional a requerir la prueba de informe sobre los puntos señalados en el escrito libelar, solicita que la Inspectoría del Trabajo, acompañe copia certificada del mismo. En este sentido, debe este Juzgado señalar que cuando se trate por vía de este medio probatorio pretender que el ente, organismo o tercero ajeno al proceso remita copia certificada, debe examinarse la posibilidad con que cuenta el promovente de solicitarlo y traerlo por sus propios medios al proceso. De manera pues que de la revisión del escrito de promoción de prueba, se desprende que las copias a las cuales hace referencia el solicitante se trata de una causa llevada ante la Inspectoría en donde la hoy demandada, era un sujeto involucrado en aquella causa, por lo que sin lugar a dudas podía acudir directamente a solicitar las copias requeridas; en razón de lo cual se declara Improcedente la prueba de informe en lo que respecta a la solicitud de envío de copias. Y así se d.....

En virtud de lo anterior, este Juzgador debe resaltar que siendo el recurrente el Director Gerente de la sociedad mercantil demandada según consta en la copia certificada del Acta Constitutiva que cursa a los folios 56 al 62, al practicarse la notificación en la sede de la empresa, se ponía en conocimiento a los representantes de ésta de la demanda incoada; y la pretensión del ciudadano Romer Colmenárez de que se le practique una citación personal, en su domicilio, siendo ésta institución derogada por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, resulta inaplicable, más aún cuando él mismo en su escrito de fecha 17/11/2005 (folio122) manifiesta que al reunirse con la señora Adela Quero, ésta le comentó la situación y por ello se apersonó a verificar por el sistema juris la situación de su notificación, razón por la cual la misma cumplió el fin propuesto que era garantizarle el derecho a la defensa mediante el conocimiento de la demanda interpuesta en su contra. Y así se establece.