DECISION En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, declara PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación de Libertad incoada por la Defensa Técnica y Acuerda la AMPLIACION DE LA MISMA, a favor de los ciudadanos VICTOR ANTONIO MANZANO Y DAVID JAVIER GUTIERREZ MENDOZA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° 15.884.975 y 20.928.031, por la presunta comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE VEHÍCULO PROVENIENTE DEL HURTO O ROBO, previsto y sancionado en el artículo 9 de la ley sobre el Hurto y Robo de Vehículo Automotor, quedando los mismos obligados a presentarse una vez cada quince (15) días por ante la taquilla de .....

DECISION En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, declara PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación de Libertad incoada por la Defensa Técnica y Acuerda la AMPLIACION DE LA MISMA, a favor del ciudadano PEDRO JOSE QUERALES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 11.784.244, por la presunta comisión del delito de hurto calificado previsto en él articulo 455 del Código Penal, quedando el mismo obligado a presentarse una vez cada cuarenta (40) días. Notifíquese a las partes de la presente decisión. Regístrese. Cúmplase. LA JUEZA SEXTA DE CONTROL, ABG. CARMEN TERESA BOLIVAR PORTILLA. .....

DECISION En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, declara PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación de Libertad incoada por la Defensa Técnica y Acuerda la AMPLIACION DE LA MISMA, a favor del ciudadano JOSE ALBERTO PEÑA MORALES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 17.782.880, por la presunta comisión del delito de Porte Ilícito de Armas de Fuego, y Falsa Atestación ante Funcionario Público, previstos y sancionados en los artículos 278 y 321 del Código Penal respectivamente, quedando el mismo obligado a presentarse una vez cada treinta días por ante la taquilla de presentaciones de este Circuito Judicial Penal. .....

DECISION En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, declara PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación de Libertad incoada por la Defensa Técnica y Acuerda la AMPLIACION DE LA MISMA, a favor de los ciudadanos VICTOR DANIEL JIMÉNEZ NOGUERA y JESÚS GERARDO PRADA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° 13.775.573 y 13.774.555, por la presunta comisión de los delitos de Robo Agravado, Porte Ilícito de Arma de Fuego y Uso de Adolescente para Delinquir, previstos y sancionados en los artículos 460 y 278 del Código Penal (d) y artículo 264 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, quedando los.....

En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas este Juzgado Superior Segundo de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por autoridad que le confiere la Ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación ejercido por el Abogado Esteban Guart Guarro, apoderado judicial de la parte demandada contra la decisión proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial en fecha 08/02/2006. SEGUNDO: Se condena en Costas del Recurso a la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley Orgánica del Trabajo. TERCERO: Se CONFIRMA en todas sus partes la Sentencia Recurr

Finalmente, la parte demandada manifiesta que el intimante prestó sus servicios para el Sindicato de los trabajadores de la empresa y no para la intimada por lo que mal pudiera pretender que ésta efectúe pago alguno, menos aún cuando la parte que representó ya canceló los honorarios profesionales correspondientes. Al respecto este Juzgador considera que resulta necesario destacar que cursa a los folios 283 y 284 del asunto signado KH05-L-2001-70 transacción celebrada entre la C.A Energía Eléctrica de Barquisimeto (ENELBAR) representada por el Abogado Antonio Luís Castillo, y el Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica del Estado Lara (SITIEL) asistido por el Abogado Valentín Castellanos, en el cual no se evidencia que exista pacto con respecto a las Costas, en tal sentido, debe entenderse que no hay lugar a las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, aplicado analógicamente por remisión del Artículo 11 de la Ley Orgánica .....

Expuesto lo que antecede, debe señalarse que en el particular Primero del fallo cuya ampliación se solicita, se declara CON LUGAR el Recurso de Apelación ejercido por el Abogado Marcos Cerda, apoderado judicial de la parte demandante contra la decisión proferida por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial en fecha 24/10/2005, lo cual trae como consecuencia, la declaratoria CON LUGAR de la Sentencia Recurrida y esto conlleva a la procedencia del pago de todos y cada uno de los conceptos demandados. Y así se decide. Con relación al particular Tercero, este Juzgador debe resaltar que, siendo acordado por esta Alzada el pago del concepto excluido por el A quo y la consecuente declaratoria con lugar de la demanda interpuesta, además de la condenatoria en Costas del Recurso como fue establecido por este Juzgador, la parte demandada también debe ser condenada en Costas por haber resultado totalmente vencida en Primera Insta.....

/Este Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley: ACUERDA MEDIDA DE PRIVACIÓN PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 250, 251 parágrafo primero y 252 del Código Orgánico Procesal Penal a los ciudadanos imputados WILMER RAFAEL CAMPOS COLMENÁREZ, JUAN JIMÉNEZ, JOAN LOBATON Y JONIER MARÍN, identificados en autos. Notifíquese a las partes. Regístrese.

En consecuencia este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 ejusdem y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener, APRUEBA la mencionada justificación y declara TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO, a favor de CRISALIDA ANTONIA PINEDA CHIRINOS, antes identificada, sobre las bienhechurías que se determinan suficientemente en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa.

En consecuencia este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 ejusdem y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener, APRUEBA la mencionada justificación y declara TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO, a favor de CRISALIDA ANTONIA PINEDA CHIRINOS, antes identificada, sobre las bienhechurías que se determinan suficientemente en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa.